Instituciones - resumen
Debido a la organización federal del Estado de México, la responsabilidad sobre los asuntos ambientales –que incluye temas forestales y de cambio climático– es compartida entre los Estados y el Gobierno Nacional. La coherencia entre las políticas y las leyes federales y estatales ha sido resaltada como uno de los principales desafíos a la implementación exitosa de una estrategia nacional de REDD+ (SEMARNAT, 2011, IDLO y FAO, 2011).
La principal ley para la gobernanza forestal es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003). Dicha ley señala como uno de sus objetivos el “proporcionar mecanismos para la coordinación, consulta y cooperación entre las instituciones para la silvicultura y otros organismos” (Artículo 3). La Política Federal Ambiental es dirigida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. SEMARNAT establece los procedimientos, lineamientos y criterios para los permisos y las autorizaciones para el manejo y explotación de los bosques. Dentro de SEMARNAT, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, es responsable de la promoción de gestión forestal sostenible (Carrillo, 2011). Esta agencia es el punto focal para muchas de las iniciativas de REDD+ en el país y ha sido designada por el Grupo de Trabajo de Proyectos Territoriales como la entidad coordinadora de las actividades de REDD+ (SEMARNAT, 2011). El Consejo Nacional Forestal, CONAF, también es relevante ya que es un organismo consultor diseñado para aumentar la participación de las instituciones públicas, los actores no gubernamentales y los actores interesados locales en la implementación de la política forestal.
Con el fin de aumentar la participación local y regional en la definición de políticas forestales, se han establecido instituciones tales como los Consejos Forestales Regionales y Estatales por parte de SEMARNAT, CONAF y de varias entidades municipales y federales. Estos consejos forestales actúan como cuerpos consultores en la explotación, conservación y restauración de los recursos forestales. A nivel distrital, las instituciones locales denominadas como Promotoras de Desarrollo Forestal han sido establecidas por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para diseminar políticas de desarrollo de la silvicultura y apoyar sus instituciones.
En la medida en que las actividades agrícolas y ganaderas son uno de los mayores impulsores de deforestación en México, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, que constituye la principal institución en su sector y líder al interior de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, jugará un papel importante en REDD+. La Secretaría de la Reforma Agraria está a cargo de suministrar certeza legal sobre la tenencia de la tierra a través de la regularización de los títulos de propiedad. Similarmente, como un cuerpo externo de esta última, el Registro Nacional Agrario ofrece información sobre el estado y los cambios en los derechos sobre las tierras rurales (SEMARNAT, 2011).
En respuesta a la necesidad de coordinación entre los diversos sectores involucrados en la política mexicana sobre el cambio climático, se establecieron la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, CICC, y la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, CIDRS. En 2009, la CICC creó el Grupo de Trabajo REDD+, GT-REDD+, el cual actúa como un consultor para CONAF sobre las estrategias para reducir las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación forestal en México. Esta institución involucra a varios ministerios y agencias de SEMARNAT.
En 2011, la CIDRS creó el Grupo de Trabajo de Proyectos Territoriales, el cual es coordinado por CONAFOR y es designado como la entidad responsable por las acciones tempranas de REDD+ (SEMARNAT, 2011). Así mismo, la Ley General sobre Cambio Climático de 2012 transformó el Instituto Nacional de Ecología, INE, en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC. El INECC es un organismo científico de investigación descentralizado al interior de SEMARNAT, que coordina los proyectos de cambio climático, protección ambiental y restauración de los ecosistemas.
Otras agencias nacionales ambientales relevantes en el proceso de REDD+ son la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP. A nivel estatal, como ocurre en los Estados de Chiapas, Jalisco y los tres Estados de la Península de Yucatán, numerosos gobiernos están aumentando su participación activa en la promoción de la mitigación del cambio climático y las estrategias de adaptación.
Las organizaciones no gubernamentales y las instituciones académicas y de investigación juegan un papel clave en el desarrollo e implementación de REDD+ en México. En este sentido, actualmente existe un gran número de organizaciones internacionales, nacionales, sub-nacionales y locales que están involucradas en el desarrollo de proyectos piloto y en la construcción de capacidades locales. Algunas de esas organizaciones incluyen el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS, a nivel nacional), la Cooperativa Ambio (Chiapas), los Servicios Ambientales de Oaxaca (Oaxaca), y U’Yool’Che (Península de Yucatán), sólo para mencionar unos pocos. El Colegio de Posgraduados, el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México – Centro de Investigación para la Geografía Ambiental y el Colegio de la Frontera Sur, entre otros, han jugado un papel importante en el desarrollo de la Propuesta de Preparación (R-PP, por sus siglas en inglés) de México, la visión de REDD+ en México y en la futura estrategia nacional de REDD+ (ENAREDD+). Varios países donantes y organizaciones intergubernamentales (OIGs) también participan en el proceso de REDD+ en México (por ejemplo, UN-REDD, IDLO, FCPF, Noruega, Alemania, Japón).
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